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Responsabilidad Penal de las Empresas

Introducción a la responsabilidas penal de las empresas

La Ley Nº 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos de cohecho, apropiación indebida, administración fraudulenta, soborno entre particulares y reaceptación

El proyecto de ley en cuestión nace por iniciativa del ejecutivo el 16 de marzo de 2009 en conformidad con el deseo de prevención de los delitos que indica y en virtud de una serie de convenciones firmadas por el Estado de Chile y recomendaciones de organismos internacionales, en especial de la OCDE.

El alcance de esta ley aplica tanto a personas jurídicas de derecho privado como empresas del Estado.

¿Cuándo existe responsabilidad penal de una empresa?

Cuando los dueños controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o administradores o personas jurídicas relacionadas hubieran cometidos los delitos especificados en la ley y esto le hubiera reportado un beneficio directo o indirecto a la empresa. Adicionalmente, esta situación se debe haber producido por una falta de dirección o supervisión por parte de la empresa.

Delitos considerados por la ley

Los delitos comprendidos son los siguientes:

Sanciones para la empresa por su responsabilidad penal

Las sanciones que contempla la ley comprenden multas, prohibiciones, pérdida de beneficios, disoluciones o cancelación de la persona jurídica.

Si se llega a formalizar al representante legal por estos delitos, la empresa estará obligada a nombrar un nuevo representante legal y si ella no lo hace, lo designará el Tribunal.

Además de las sanciones antes indicadas se ordenará publicar un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la empresa y el comiso de los bienes relacionados con el delito. En los delitos que supongan la inversión de recursos superiores a los ingresos que la persona jurídica genera, se impondrá como pena accesoria el entero en arcas fiscales de una cantidad equivalente a la inversión realizada.

Determinación de la pena por responsabilidad penal de las empresas

Las reglas de determinación de la pena atenderán a los montos involucrados en la comisión del delito, tamaño y naturaleza de la persona jurídica, capacidad económica de la misma, grados de sujeción a la normativa legal, extensión del mal causado y gravedad de las consecuencias sociales en el caso de las empresas del Estado.

La jurisprudencia ha establecido que se considera que los deberes de supervisión y dirección se han cumplido si antes de la comisión del delito, la empresa adoptó e implementó un modelo de organización, administración u supervisión para prevenir delitos

Aspectos procedimentales de la responsabilidad de las empresas

Son competentes para conocer de estos delitos, los tribunales con competencia en materia penal, llevándose a cabo la investigación a través del representante legal de la empresa, quien cesará en sus funciones si se formaliza por la comisión del hecho que da origen a la responsabilidad penal de la empresa.

El procedimiento aplicable dirá relación con las penas que solicite el fiscal respectivo, podrán ser simplificado o abreviado según corresponda. No procede el principio de oportunidad (facultad de los fiscales de no iniciar la investigación de un delito o no continuar la ya iniciada.

Existe responsabilidad legal autónoma aún cuando se extinga la responsabilidad penal individual, conforme al artículo 93, número 1 y 6 del Código Penal (muerte y prescripción de la acción penal), sobreseimiento temporal de alguno de los responsables o no se hayan podido determinar a aquellos).

Formas de evitar que se aplique responsabilidad a la empresa

Todas las empresas independientes de su tamaño deben tomar medidas para evitar la ocurrencia de estos delitos.

¿Cómo se puede blindar la empresa de estos riesgos? La empresa debe ejercer sus deberes de dirección y supervisión.

Estos se considerarán cumplidos cuando la persona jurídica ha adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir este tipo de delitos a través de un encargado de prevención, quien deberá ser autónomo de la administración de la empresa, obligación de la cual están exentas las personas jurídicas cuyos ingresos anuales sean menores a 100.000 UF; en tal situación dicho encargado podrá ser el socio o accionista controlador.  El modelo q que está promocionando el gobierno es la ISO 19600 y que implica la implementación de un programa de compliance.

Las empresas podrán obtener certificados que acrediten la adopción e implementación de sus modelos de prevención de delitos a través de empresas de auditoría externa.

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