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Derecho medioambiental chileno

La emergencia ambiental en Quintero

La reciente emergencia ambiental en el área de Quintero y Puchuncaví ha copado la atención pública las últimas dos semanas. Se trata de una zona ampliamente conocida por la instalación de sus grandes complejos industriales relacionados con emisiones y tratamiento de sustancias que, en grandes cantidades, pueden llegar a ser perjudiciales para salud de las personas, desde 1955 con la instalación de la refinería de petróleos de Concón, el complejo industrial de Ventanas en los 60. En 2011, un conocido episodio involucró a la fundición y refinería de Codelco en esta última localidad, al emitir gas contaminante y tóxico que afectó a la comunidad de Puchuncaví con similares síntomas a los hoy registrados. Si incidentes como los descritos han sido registrados y documentados ya en el pasado, ¿cuenta la zona con algún instrumento jurídico efectivo que proteja el medioambiente y la salud de sus habitantes?

Plan de descontaminación para la zona

En nuestro país, el pilar básico en la materia lo constituye la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medioambiente. Es en función de este cuerpo normativo, en concurso con demás normas adjetivas, que se encardinan los llamados Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), cuya finalidad es recuperar los niveles establecidos en las normas de calidad ambiental correspondientes. Hoy en día existen 17 de ellos, todos creados por Decreto Supremo del ministerio respectivo. Aunque el PDA de Ventanas es el más antiguo de ellos, no alcanza la zona que recientemente fue objeto de la emergencia. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en diciembre de 2017 aprobó el PDA para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví; sin embargo, la Contraloría General de la República resolvió no tomar razón de él puesto que las medidas dispuestas para las fuentes puntuales contenidas en él (Enap, Codelco y AES Gener), diseñadas sobre la base de niveles que son mayores a la real contribución de emisiones por parte de ellas, no se traducen en una efectiva reducción de los contaminantes, razón por la cual el Plan no cumplía con la finalidad que la normativa le asigna. El gobierno presentó el nuevo anteproyecto del plan de descontaminación a fines de octubre y el plan definitivo ingresó en diciembre a Controlaría para su aprobación. El plan de descontaminación se publicó en el Diario Oficial a fines de marzo de 2019, queda ver si las medidas que contempla, tendrán un efecto real en el bienestar de las personas de la zona.

Fiscalización SMA

La Ley N° 20.147 que establece la ley orgánica de la Superintendencia del Medioambiente (SMA) – organismo creado para fiscalizar y sancionar los incumplimientos a los instrumentos de gestión ambiental, en el ejercicio de sus atribuciones – cobra especial relevancia, pues le corresponde exclusivamente a la SMA el ejercicio de la potestad sancionatoria respecto de las infracciones ambientales detalladas en su artículo 35, dentro de las cuales se refieren a los incumplimientos de resoluciones de calificación ambiental (hay más de 50 en el sector) y los planes de descontaminación ambiental. Se trata de un procedimiento que puede iniciarse de oficio, como ocurrió en este caso, a petición de otro órgano o por denuncia.

A este respecto, a la fecha la SMA ha formulado cargos a ENAP Refinerías S.A. el 5 de septiembre por la unidad fiscalizable Terminal Marítimo de Quintero y a Gasmar S.A. el 7 del mismo mes.
A Enap se le inició un procedimiento sancionatorio, porque al parecer habría dispuesto en la planta de tratamiento de riles de las aguas usadas para las pruebas hidrostáticas de los estanques y que habrían hecho sobrepasar en más de un 100% los límites de combustibles permitidos en la planta de riles. Además, se detectó que no reportó los parámetros de zinc en 10 informes el año 2017 y que en julio del 2017 la descarga de combustibles volátiles al mar había superado el límite permitido.

Adicionalmente, se le decretó una medida provisional de los estanques que se les estaban realizando las pruebas, ordenando su sellado temporal, la presentación de un plan de limpieza de los mismos garantizando el confinamiento de los gases en su interior y el retiro de todos los residuos oleosos productos de los trabajos en los estanques y un monitoreo de los THC y H2S para asegurarse la correcta ejecución de las medidas ordenadas.

A Gasmar se le inició un procedimiento sancionatorio porque su antorcha no estaba funcionando conforme a lo comprometido en la respectiva RCA y no hay constancia de su mantención.

Es el Superintendente del Medioambiente quien en último término resuelve o sanciona, resolución que es recurrible a través de los recursos de reposición e ilegalidad, este último interpuesto ante el Tribunal Ambiental correspondiente. En ambos casos, la SMA ha tenido especial cuidado en no configurar responsabilidad respecto del episodio de contaminación de Quintero, sino que los cargos están referidos a incumplimientos conexos que pueden llegar a estar relacionados, es decir, incumplimientos relacionados con las resoluciones de calificación ambiental que aplican a las plantas fiscalizadas.

Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Salud

En el intertanto, el Ministerio de Medio Ambiente ya ha oficializado el traspaso de la supervisión directa de las estaciones de monitoreo de calidad del aire de la zona desde AES Gener, Codelco, GNL Quintero y Enel al Estado, esto último a raíz de ciertos cuestionamientos acerca de la veracidad de los datos entregados por las estaciones de monitoreo.

Para poder enfrentar nuevas crisis el Ministerio de Salud publicó un decreto que le permite incluso paralizar las fuentes fijas contaminantes de la zona en caso que las condiciones de ventilación así lo aconsejen.

Comisión investigadora de la Cámara de Diputados

A raíz del revuelo que produjeron los últimos acontecimientos la Cámara de Diputados decidió crear una Comisión Investigadora sobre las causas de la alta contaminación ambiental en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.
A ella concurrieron representantes de la Superintendencia del Medio Ambiente y  de la Fundación Terram y se realizaron algunas audiencias públicas con las personas afectadas.
La Comisión determinó que el responsable era al exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, por no haber ofrecido soluciones en 2017, cuando la Contraloría General de la República realizó observaciones ante los hechos ocurridos en las tres comunas de la región de Valparaíso.

Conclusiones

Con todo, lo anterior nos lleva a concluir que cualquier incidente puede conducir a daños reputacionales importantes si es que la autoridad, en ejercicio de sus atribuciones y presionada por la opinión pública, decide ejercer la potestad sancionatoria por incumplimientos ambientales, aun cuando éstos sean anteriores o no estén siquiera relacionados de manera directa o causal con el que más atención concita.

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